No se gobierna en base a legalidad, exclusivamente. La gobernabilidad de una nación, se sustenta por sobre todas las cosas, en la legitimidad del mandato. Está claro que pocos gobernantes alcanzan importantes niveles de aprobación, o son elegidos con abrumadoras mayorías; pero sin perjuicio de ello, es muy importante para darle viabilidad al mandato, que quien gobierne busque un mínimo de legitimidad que sostenga su periodo. Ello no es un tema de popularidad o mero respaldo ciudadano, no se trata de encuestas y encuestados. Ello es el fundamento para poder viabilizar aquellas medidas que en teoría el órgano de gobierno, debe implementar en pro de la ciudadanía. El gobierno del presidente Castillo, se gesta con muy pocos votos, pero así lo decidió nuestra contienda electoral. Ahora bien, al haber sido elegido voluntariamente por tan pocas personas supone que, a partir de la toma de mando, tenía que construir consensos que le permitieran gobernar e implementar aquellas medidas que su plan de gobierno recoge (sí, su plan de gobierno, es el plan de Cerrón, quien hace solo unos días lo ha mandado al destierro). Sin embargo, lo que vemos a la luz de los hechos, es justamente todo lo contrario. Un gobierno que pierde créditos día a día en base a dos elementos tremendamente destructivos. La falta de competencia para ocupar el cargo y los actos de corrupción en todos los niveles del estado. Por el primer frente, la cosa es tan abrumadora que él mismo ha reconocido en varias oportunidades que no está preparado para gobernar, pero que, según él, puede aprender. Sí, a su entender, no está del todo mal que haya asumido la Presidencia de la República sin estar preparado, y es nuestra obligación darle el tiempo que necesite para aprender a gobernar. Tan surrealista como suena, como se lee. Por la otra orilla, la cosa no pinta mejor. A día de hoy, hasta su propia familia nuclear desfila por la Fiscalía para dar testimonio sobre hechos penalmente relevantes, como es el tráfico de influencias en agravio del estado. En la mesa de los Castillo, no hay paz. Pero esa indiferencia a los hechos de corrupción que lo incriminan, a mi entender se base en el hecho de que sus predecesores, en poco se diferenciaron. A su entender y al de quienes en la sombra lo asesoran, no hay nada nuevo bajo el sol. Ese plato ya se lo comieron otros antes y no hay nada que temer, así es el Perú. Y es que así de irrelevante es el ciudadano para el gobernante. Así de indiferentes somos para quienes fueron llamados a dirigir los destinos de la nación. El presidente Castillo debe dar un paso al costado por múltiples razones. Dos de ellas, las referidas anteriormente, pero para más inri, su gobierno es absolutamente insostenible porque carece de toda legitimidad. Porque la calle aún duerme, pero tarde o temprano, despertará. Y no queremos más muertos por culpa de la desidia de los gobernantes de turno. Porque ni una sola madre más merece enterrar un hijo por defender la democracia de su país. Ahora bien, sí ese halo de luz no ilumina la residencia de Palacio, el Congreso tiene la llave. Existen mecanismos perfectamente legales para recortar el mandato presidencial sin petardear las instituciones (cosa que vemos suceder hora a hora, día a día). Hay más de un proyecto de ley en la mesa, pero nadie recoge el lápiz, nadie está dispuesto a relevar su agenda personal y mercantil, frente a la agenda país. Lo he dicho en más de una oportunidad: Castillo no es la causa, es la consecuencia y este Congreso es el llamado a resolver. No solo la continuidad del actual presidente, sino a reformar y reformular todo el marco legal constitucional que regula justamente el desmadre político que hoy nos gobierna. El recorte del mandato presidencial y por consecuencia natural, política y jurídica, también el mandato congresal, es un imperativo de la ciudadanía, el verdadero soberano del poder. Una pena que nuestros políticos estén tan ocupados resolviendo problemas de políticos, que no les quede un poco de tiempo, para resolver los problemas del país.